El Liberalismo Y El Mexico Rural De 1854 a 1861

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La Ley Lerdo fue el de empobrecer aún más la vida comunal de muchos pueblos que ya estaban al borde la miseria. Varios funcionarios compraron todas las tierras comunales, durante el verano y otoño de 1856, los pueblos indígenas sufrieron la catástrofe de perder sus tierras arrendados. Los indígenas pidieron a las autoridades locales que respetaran sus derechos de propiedad tradicionales. Hacienda Lerdo, replicaba que el derecho de los arrendatarios a la compra debía ser protegido y que bajo ninguna circunstancia podía restituirse a los indígenas la tierra que sus arrendatarios estuvieran dispuestos a comprar. Se mostro más interesado en los campesinos que participaban en disputas de tierras comunales no arrendadas. Para evitar que sus tierras comunales cayeran en manos de extraños, los indígenas las denunciaban ante un juez para poder las comprar como particulares, pero los funcionarios locales que participaban en estos procedimientos frecuentemente cobraban honorarios exorbitantes y altos impuestos de compraventa. Muchos de ellos también se confabulaban con hacendados y especuladores para privar a los indígenas de sus tierras impidiéndoles que enteraran de la existencia de la Ley Lerdo hasta que ellos mismos habían denunciado y comprado las tierras de que se trataba. En 1856 Lerdo concedió exención del impuesto de compra-venta a las operaciones de menos de 200 pesos y ordenó que no se cobraran en transacciones de ese monto. Pidió que cooperaran para reducir el costo de la adquisición de tierras por parte de los pobres. La pérdida de estas tierras significaba grave estrechez económica para las comunidades así afectadas. En las zonas rurales, pocas autoridades políticas tenían algún interés en ayudar a los campesinos de algún modo, porque la mayoría de ellas eran o terratenientes o sus representantes. La Ley Lerdo produjo resultados catastróficos para los pueblos indígenas de tierras comunales, pasaron a manos o de una élite indígena local o de fuereños no indígenas. Desigual distribución de la tierra agravó las distinciones económicas y sociales que ya existían entre los indígenas y, creando gran tensión, debilitó la solidaridad comunitaria. En 1856, el Congreso Constituyente que debía elaborar una nueva constitución, los liberales radicales no lograron obtener que el Congreso Constituyente separara la Iglesia del Estado ni que estableciera la tolerancia religiosa en la república. Elaborando o discutiendo los artículos constitucionales relativos a las principales preocupaciones ideológicas: libertades civiles, estructura gubernamental, federalismo, religión e Iglesia, y dieron muy poca atención a los asuntos de tenencia de la tierra y gobierno local en el México rural. Ley Lerdo seguro haría que el capitalismo se desarrollara en el campo. Unos cuantos liberales, como Ignacio Ramírez y Blas Balcárcel, advirtieron que la ley en su forma actual haría más mal que bien a las “clases pobres”, porque pocos mexicanos podían permitirse el lujo de comprar tierras. Ponciano Arriaga, lanzó un fuerte ataque contra el latifundismo y propuso que cuando los pueblos carecieran de tierras agrícolas y pastizales el gobierno federal expropiara parte de las haciendas cercanas para repartirla entre los vecinos. Isidro Olvera, de Guerrero, propuso que el gobierno federal actuara para impedir que los latifundios siguieran creciendo y para asegurar a los pueblos rurales su acceso a los recursos que necesitaban, el Congreso Constituyente rechazó todas las proposiciones de los disidentes, y voto por incorporar a la Ley Lerdo. Jesús Terán, cuando los indígenas se dieron cuenta que el gobierno liberal no haría caso de sus peticiones para que derogara “la maldita ley de desamortización, muchos de los que habían perdido sus tierras emprendieron la resistencia por la violencia. Los funcionarios liberales, respondieron con la fuerza de a estos ataques contra la propiedad privada. El gobierno que cree estrictamente en su obligación de defender la propiedad privada, no puede por ningún concepto tolerar tales desórdenes. Algunos pueblos resistían solos, otros combinaban sus fuerzas con las comunidades vecinas, a veces cierto número de pueblos se organizaban para la resistencia bajo la dirección de una persona, no siempre indígena. La mayoría de los liberales mexicanos exigieron la estricta aplicación de la ley durante los difíciles años de 1856y 1857, hubo algunas excepciones. Juan Álvarez trató de proteger los intereses de los campesinos indígenas. En 1857, desafiando a las autoridades locales, él personalmente resolvía las disputas sobre tierras, a favor de los indígenas, mientras trataba sin éxito de convencer al gobernador Riva Palacio, terrateniente él mismo, que la cusa que los movía era justa. Riva Palacio respondió nombrando jefe político del distrito de Cuernavaca a un hombre que odiaba a Álvarez y que despreciaba a los indígenas, poco pudo Álvarez y al fin regresó a Guerrero. Comonfort, expidió un decreto según el cual la “vagancia” se convertía en delito del fuero federal; definía esa ley como vago a cualquier mexicano que no trabajara por lo menos tres días a la semana. Para los campesinos sin tierra, grupo que crecía cada vez más después de que fue promulgada la Ley Lerdo, este decreto significó una presión para que cayera en el peonaje de las grandes haciendas. Los castigos para vagos adultos iban desde la conscripción forzada en el ejército hasta varios años de trabajos forzados en “establecimientos correccionales”. Comonfort agregó la ley del 16 de enero, que creaba una fuerza federal de policía para las zonas rurales. La nueva “Guardia de Seguridad” tenía instrucciones específicas de dar a los hacendados cuanta ayuda pidieran para la defensa de sus propiedades o para el mantenimiento del orden en las haciendas. En 1857, el régimen liberal trató de dar a los campesinos y otros grupos pobres apoyo contra los derechos parroquiales excesivos que cobraban los clérigos por bautizos, matrimonios y entierros. Se promulgó una ley que prohibía el cobro de los derechos parroquiales, no costó nada a los liberales. En 1857, Comonfort promulgó la nueva Carta fundamental de la Nación establecía implícitamente la tolerancia religiosa en la república porque no proclamaba religión del Estado al catolicismo romano. Daba carácter de irrevocables a las Leyes de Juárez y Lerdo incorporándolas en el cuerpo constitucional y otorgaba al gobierno federal la autoridad exclusiva para regular todos los asuntos relativos a la religión. La Iglesia mexicana se enfureció por este fin definitivo de la protección tradicional que siempre había recibido y amenazó con excomulgar a toda persona que hiciera el juramento. Los intentos de publicar la Constitución en ciudades y aldeas encontraron resistencia. En Jalisco, campesinos airados también